MEDICIÓN DEL IMPACTO DE PROGRAMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los Estados Unidos invierten millones de dólares en labores contra la corrupción y el lavado de dinero en América Latina. Medir el impacto de estos gastos es fundamental para la lucha contra la corrupción. La sociedad civil, las universidades y otros actores de organizaciones no gubernamentales deben contar con los recursos necesarios para exigir responsabilidades a sus gobiernos.
LA CORRUPCIÓN
Corrupción se refiere al abuso de poder para obtener ventajas personales indebidas, a menudo mediante prácticas deshonestas como el soborno, la malversación de fondos, el nepotismo o cualquier forma de conducta fraudulenta con el objetivo de obtener beneficios ilícitos. La corrupción puede socavar la integridad de instituciones, sistemas políticos y económicos, y afectar negativamente el desarrollo social y económico de una sociedad.
LA IMPUNIDAD
La impunidad se refiere a la falta de castigo o consecuencias legales para aquellos que han cometido delitos o transgresiones. En un contexto más amplio, la impunidad implica la ausencia de responsabilidad o rendición de cuentas por acciones ilegales o injustas. Cuando prevalece la impunidad, los perpetradores de delitos pueden eludir el sistema judicial y evitar ser procesados o sancionados, lo que socava la confianza en el estado de derecho y puede contribuir a un ciclo de comportamiento delictivo sin consecuencias.
PROYECTO NCSC
FORO INTERNACIONAL
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DESPUÉS DE ODEBRECHT
En diciembre de 2023, el NCSC organizará un foro regional para examinar los resultados de la asistencia extranjera en la lucha contra la corrupción en el sector de la justicia y el lavado de dinero en el Hemisferio Occidental entre 2017 y 2022. El foro y los eventos paralelos examinarán los resultados de la asistencia al sector de la justicia en los cinco años posteriores al escándalo de Odebrecht, que puso la corrupción en el foco de atención en toda la región. A través de la Iniciativa de Investigación Anticorrupción en el Hemisferio Occidental del INL, el NCSC examinó los resultados anticorrupción en Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Uruguay.
Costa Rica
En la continua lucha contra la corrupción en Costa Rica, el poder judicial enfrenta desafíos significativos. El Estado de la Justicia, un informe exhaustivo, evalúa el rendimiento del sistema judicial y ofrece recomendaciones para mejorar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el informe carece de apoyo de la comunidad internacional, lo que dificulta la actualización regular de datos y la evaluación de la efectividad de las investigaciones relacionadas con la corrupción. Además, las restricciones fiscales en el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Unidad de Información Financiera y la Corte Suprema obstaculizan los esfuerzos para fortalecer la capacidad en la lucha contra la corrupción. Aunque la creación de una fiscalía especializada y la implementación de reformas han servido como ejemplo para otros en la región, abordar estos problemas clave es crucial para mejorar la integridad y eficiencia general de Costa Rica en la lucha contra la corrupción.
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Ecuador
Según el estudio de Transparency International de 2022, con una puntuación de 36 sobre 100, la corrupción en Ecuador sigue siendo un problema clave. Ecuador ha experimentado varios escándalos de corrupción notables derivados de cambios realizados en el sistema de financiamiento político en 2008, lo que permitió a grupos criminales empezar a financiar la política y determinar los resultados electorales. Aunque ha habido mejoras en los últimos años, la falta de políticas estables ha obstaculizado la capacidad de Ecuador para lograr resultados significativos. Según las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas, la lucha contra la corrupción comienza en la raíz del problema, el crimen organizado.
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El Salvador
El Salvador enfrenta una situación de corrupción compleja que ha intensificado notablemente desde los cambios políticos en 2019. Este entorno presenta desafíos para la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de información sobre la corrupción, impactando a las instituciones democráticas. El actual estado de excepción en El Salvador ha llevado a la suspensión de derechos fundamentales, creando un ambiente propicio para la corrupción y el abuso de poder. Los desafíos de transparencia surgen de la retención de información, limitando el acceso a datos abiertos y fomentando un entorno donde la corrupción puede prosperar sin control. En la búsqueda de justicia, El Salvador enfrenta un momento crucial que requiere cooperación internacional y reformas institucionales para garantizar la transparencia, combatir la corrupción y mantener los principios de una sociedad justa y responsable.
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La República Dominicana
La corrupción en la República Dominicana sigue siendo un desafío persistente, afectando el desarrollo económico y la estabilidad política a pesar de las reformas legislativas y las iniciativas contra la corrupción. Clasificado en el puesto 123 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2022, el país enfrenta obstáculos significativos para frenar la corrupción, con las instituciones públicas percibidas como altamente corruptas. A pesar de estos desafíos, hay evidencia de progreso, con un avance anual del 4% en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción de 2023, indicando mejoras en la capacidad legal y en las evaluaciones contra la corrupción. En la República Dominicana, las reformas en curso señalan un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, marcando un momento crucial en la lucha del país contra la corrupción.
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OTROS RECURSOS
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OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO
El OECO desarrollado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene como objetivo analizar las dinámicas ilícitas de diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional y sus variables multidimensionales en Ecuador.
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EL PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática enfatiza la integración de los compromisos judiciales en los Planes de Acción Nacionales, destacando la necesidad de transparencia, participación pública y colaboración con la sociedad civil.
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LA AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Agenda Regional para la Transformación Digital proporciona una hoja de ruta completa y describe 44 compromisos en las áreas clave de los ecosistemas digitales, la conectividad, la ciberseguridad y el crecimiento económico.
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PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA JUSTICIA ABIERTA
El Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática enfatiza la integración de los compromisos judiciales en los Planes de Acción Nacionales, destacando la necesidad de transparencia, participación pública y colaboración con la sociedad civil.