(Guatemala, Guatemala, 2023) Una masiva manifestación pasa por el Centro Cívico de la capital de Guatemala. Crédito: Prensa Comunitaria
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se despidió con una tasa de éxito del 85% en la resolución de casos[1], la más alta en la historia del sistema de administración de justicia del país. La CICIG desmanteló redes de corrupción de alto perfil, ganándose la confianza del pueblo guatemalteco y demostrando que la justicia podía prevalecer. Desde su cierre en 2019, las organizaciones criminales que la CICIG investigó pudieron reestructurarse intentando regresar a las prácticas corruptas e impunes del pasado. Así nace “el Pacto de Corruptos”, una alianza entre grupos de poder y redes criminales que ha demostrado estar dispuesta a sacrificar la justicia, la seguridad y la paz en Guatemala para garantizarse la impunidad.
Esta alianza emplea denuncias penales infundadas, amenazas de muerte, mensajes de odio en redes sociales, vigilancia, ataques armados y detenciones arbitrarias. Estas estrategias son empleadas contra operadores de justicia incluyendo jueces y fiscales, defensores de derechos humanos, y periodistas anticorrupción. Desde 2018, la Fiscal General se ha sumado a esta red, abandonando investigaciones y archivando o “perdiendo,” casos de narcotráfico, corrupción y graves violaciones de derechos humanos incluyendo el famoso caso Odebrecht, que sigue sin resolverse. Mientras tanto ha utilizado su poder para perseguir y criminalizar a jueces, fiscales, o periodistas, forzándolos al exilio o encarcelamientos injustificados.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido en defensa de los derechos humanos, si bien insuficiente para generar un cambio sustancial. Los Estados Unidos y la Unión Europea han incluido a varios de los actores corruptos, entre ellos la Fiscal General, en listas de sanciones, negándoles el ingreso a sus territorios. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas denunció la detención ilegal del reconocido periodista José Rubén Zamora. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en Guatemala lo mantuvo detenido hasta hace un mes, después de haber pasado más de 700 días en una cárcel militar. Algunas de las víctimas no solo han alzado sus voces denunciando las injusticias, sino que también han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Sistema de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional ante la falta de justicia en el país.
En las elecciones presidenciales de 2023, el voto ciudadano se manifestó contra la corrupción, pero una vez más, el Ministerio Publico protagonizó acciones que intentaban impedir que las autoridades electas tomaran posesión. Estos esfuerzos fracasaron. La defensa vino esta vez de los pueblos mayas quienes lideraron las protestas en las calles y carreteras del país durante 106 días, hasta que el presidente electo, Bernardo Arévalo, fue instalado en el poder. Los pueblos indígenas se convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para el país.
Guatemala enfrenta muchos retos en la pelea por la democracia. La ciudadanía ha aprendido que el cambio y la promoción de la democracia no dependen solamente de la oficina ejecutiva. Hoy, el clamor popular exige la elección de magistrados honestos e independientes en las Altas Cortes del país, una reforma en los procesos de selección judicial, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, y la renuncia de la Fiscal General. Estos son solo pasos iniciales para un país libre de corrupción e impunidad, que fomente la democracia y los derechos humanos. Aunque el Pacto de Corruptos busca retornar a las prácticas mafiosas del pasado, ignora que el pueblo de Guatemala ha cambiado, que su ciudadanía ha despertado, y que no se rendirá fácilmente.
[1]Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Los hechos: El legado de la CICIG en la lucha contra la Corrupción en Guatemala. Washington: 2019. https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/
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