Los fantasmas de la guerra, la violencia y el terror de los años pasados aún rondan en Guatemala. Las atrocidades cometidas durante este tiempo —asesinatos de niños, torturas, amputaciones, y violaciones brutales, como la extracción de órganos de víctimas vivas frente a otras personas— siguen pesando sobre la conciencia nacional. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala afirmó que “constituyeron, no solo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones.” [1]

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Lamentablemente, algunos operadores de justicia toleraron esta barbarie, lo que anuló cualquier posibilidad de sancionar esos hechos en su momento. Este temor, motivado por las amenazas y la posibilidad de muerte, impidió que muchos de los crímenes fueran perseguidos legalmente. Sin embargo, la justicia en Guatemala se ha reformado de forma significativa desde la guerra civil, convirtiéndose en un referente importante en otros países de América Latina.

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A pesar de algunos avances, las cicatrices de la guerra civil (1960-1996) son profundas. La pobreza, que afecta al 57% de la población,[2] y las altas tasas de desigualdad, que impactan principalmente a las comunidades indígenas, son legados directos del conflicto armado, en el que murieron más de 250,000 personas, 400 aldeas fueron masacradas, y alrededor de un millón y medio de personas fueron desplazadas.[3]

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El conflicto armado en Guatemala comenzó oficialmente el 13 de noviembre de 1960, con una rebelión de oficiales militares derrotados por el gobierno. Estos militares disidentes formaron el primer grupo subversivo del país, en un contexto donde el gobierno guatemalteco aplicaba la “Doctrina de Seguridad Nacional,” designando a las guerrillas y, eventualmente, a cualquiera que se opusiera al régimen como “enemigos internos.”

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Con el tiempo, la categoría de enemigo interno se expandió para incluir no solo a los guerrilleros, sino también a líderes sociales, sindicalistas, religiosos y estudiantes, especialmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982) intensificó la violencia, utilizando el miedo como herramienta de dominación, con el objetivo de garantizar la impunidad de los perpetradores y destruir el tejido social. Este fue un período en el que la administración de justicia se desmoronó; muchos jueces y abogados fueron asesinados para evitar que los derechos de los violentados fueran protegidos legalmente.

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Durante este tiempo, el sistema judicial no solo fue incapaz de proteger a las víctimas, sino que también permitió que los responsables de los crímenes actuaran con impunidad. El 30 de junio de 1982, el general Efraín Ríos Montt anunció la creación de los “Tribunales de Fuero Especial,” una medida que marcó un nuevo capítulo de injusticia en Guatemala. Estos tribunales operaban en la clandestinidad, con jueces sin rostro que dictaban sentencias rápidas y severas sin permitir a los acusados la posibilidad de defenderse.

Estos tribunales sin nombre condenaron a más de quinientas personas y enviaron al menos a quince a ser fusiladas.

 

Los juicios duraban menos de un mes desde la captura del acusado, y no se permitía a los condenados conocer los argumentos en su contra. La Ley de los Tribunales de Fuero Especial no fue derogada hasta agosto de 1983, después de un año de operaciones.

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Este contexto evidencia un hecho trágico: el sistema de justicia guatemalteco, en lugar de proteger a sus ciudadanos, fue instrumentalizado para sostener la violencia y el terror durante la guerra civil. Los tribunales fueron incapaces de investigar, juzgar o sancionar a los responsables de los crímenes, y hasta hoy, siguen sin brindar protección efectiva a las víctimas.

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Aunque el sistema de justicia de Guatemala ha experimentado reformas significativas desde el final de la guerra, el legado de impunidad y la instrumentalización de la justicia durante el conflicto aún persisten. La sombra del conflicto sigue presente en muchas áreas de la vida guatemalteca, incluidas la pobreza, la desigualdad y, fundamentalmente, la desconfianza en un sistema de justicia que, durante años, fue parte del problema en lugar de la solución.

 

Para que Guatemala logre una verdadera justicia, es necesario continuar desmontando las estructuras de impunidad que aún persisten, abriendo un espacio para una rendición de cuentas genuina y un reconocimiento pleno de los horrores del pasado.

 

[1]Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. (1999) Guatemala, memoria del silencio. Oficina de Servicios para proyectos de las naciones Unidas (UNOPS).

[2] The World Bank. (2017) Poverty and Inequality Platform.  pip.worldbank.org/country-profiles/GTM

[3] LÓPEZ BRACAMONTE, F. M. (2021) Conflicto armado en Guatemala: reconstrucción histórica y memoria colectiva del pueblo maya chuj. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/download/10791/9999/43976

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